by Lic. Richard Medina | Ene 14, 2025 | ECONOMÍA
Un reto importante que tiene República Dominicana (RD) es fortalecer su inserción en las cadenas globales de valor (CGV). Las CGV se refieren al conjunto de actividades que las empresas realizan para fabricar un bien, desde su concepción hasta su venta. Es decir, que incluye todo lo que se hace desde el diseño de ese bien, su producción, mercadeo, promoción, distribución y apoyo al cliente que lo adquiere.
En cada una de estas etapas, quienes trabajan en el producto generan valor (de ahí su nombre) y pueden estar ubicados en empresas y países distintos. La localización en países distintos se explica, principalmente, por la reducción de costos: a modo de ejemplo, si una parte de la producción de celulares, como el ensamblado del producto, es intenso en mano de obra, el mismo se puede migrar a un país donde la mano de obra sea relativamente más barata.
Diversos estudios documentan la importancia de las CGV para los países en desarrollo: aumento y sofisticación de sus exportaciones, adquisición de tecnología, generación de empleo de calidad y participación femenina, logro de economías de escala, aumento del poder adquisitivo de la población, y reducción de la pobreza. El Banco Mundial estima que un 1% del crecimiento de las exportaciones dentro de las CGV aumenta el producto per cápita en más de 1%, más de cinco veces el incremento observado con el comercio tradicional. En síntesis, las CGV pueden ser vehículos para lograr el desarrollo.
República Dominicana tiene poca integración en las CGV en comparación con sus pares regionales y globales. La integración que presenta es mayoritariamente hacia atrás: importa bienes intermedios que utiliza como insumos para exportar bienes terminados. El modelo de Zonas Francas mayoritariamente explica este patrón y ha permitido que se pase de exportar textiles a productos más sofisticados (y valiosos) como dispositivos médicos, bienes eléctricos, medicamentos y artículos plásticos.
No obstante, se tiene espacio para lograr la integración hacia adelante: bienes intermedios producidos o que se les agrega valor en República Dominicana y que son utilizados por empresas de otros países para fabricar bienes finales y reexportarlos. En este caso, por la buena experiencia en la producción de dispositivos médicos y electrónicos, RD puede hacer el esfuerzo de integrarse en las CGV exportando maquinaria sencilla, insumos para fabricar productos químicos y medicamentos (reactivos químicos), e insumos para producir aparatos de alta tecnología (instrumentos de medición y sensores, componentes eléctricos).
El Índice de Complejidad Económica del Observatorio de Complejidad Económica predice que los países que producen dispositivos médicos e instrumentos electrónicos, desarrollan las capacidades para luego fabricar bienes más sofisticados como equipos de navegación, sensores, aparatos eléctricos más complejos y partes de aparatos de comunicación.
En ese sentido, se puede pensar en políticas que fomenten la producción y faciliten la exportación de esos bienes intermedios hacia países en desarrollo que son tecnológicamente más avanzados. México puede ser una buena primera opción, considerando su integración y cercanía con Estados Unidos y su pujante industria de producción de vehículos y bienes electrónicos.
Sin embargo, hay obstáculos que se deben sobrepasar. De acuerdo a varias encuestas empresariales, la principal barrera es la calificación de la mano de obra dominicana. Para mitigar esta dificultad, se puede establecer un programa presidencial para becar jóvenes dominicanos en cursos técnicos y microcertificaciones en programación y automatización en la producción industrial y provisión de servicios. En el largo plazo, República Dominicana debe implementar una reforma educativa que mejore los niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, en especial en lectura comprensiva y matemáticas en los primeros cursos de educación básica.
Dada la gran dependencia del país de las exportaciones de bienes primarios (oro, productos agropecuarios), la integración del mismo en las CGV ayudaría a aumentar el valor agregado de sus exportaciones, produciría mejores salarios, y fomentaría el derramamiento de conocimiento hacia otras empresas locales que a su vez puedan seguir exportando y generando empleo. Un círculo virtuoso para el cual se debe trabajar.
Publicado en el LISTÍN DIARIO
by Lic. Richard Medina | Ene 14, 2025 | OPINIÓN
Un reto importante que tiene República Dominicana (RD) es fortalecer su inserción en las cadenas globales de valor (CGV). Las CGV se refieren al conjunto de actividades que las empresas realizan para fabricar un bien, desde su concepción hasta su venta. Es decir, que incluye todo lo que se hace desde el diseño de ese bien, su producción, mercadeo, promoción, distribución y apoyo al cliente que lo adquiere.
En cada una de estas etapas, quienes trabajan en el producto generan valor (de ahí su nombre) y pueden estar ubicados en empresas y países distintos. La localización en países distintos se explica, principalmente, por la reducción de costos: a modo de ejemplo, si una parte de la producción de celulares, como el ensamblado del producto, es intenso en mano de obra, el mismo se puede migrar a un país donde la mano de obra sea relativamente más barata.
Diversos estudios documentan la importancia de las CGV para los países en desarrollo: aumento y sofisticación de sus exportaciones, adquisición de tecnología, generación de empleo de calidad y participación femenina, logro de economías de escala, aumento del poder adquisitivo de la población, y reducción de la pobreza. El Banco Mundial estima que un 1% del crecimiento de las exportaciones dentro de las CGV aumenta el producto per cápita en más de 1%, más de cinco veces el incremento observado con el comercio tradicional. En síntesis, las CGV pueden ser vehículos para lograr el desarrollo.
República Dominicana tiene poca integración en las CGV en comparación con sus pares regionales y globales. La integración que presenta es mayoritariamente hacia atrás: importa bienes intermedios que utiliza como insumos para exportar bienes terminados. El modelo de Zonas Francas mayoritariamente explica este patrón y ha permitido que se pase de exportar textiles a productos más sofisticados (y valiosos) como dispositivos médicos, bienes eléctricos, medicamentos y artículos plásticos.
No obstante, se tiene espacio para lograr la integración hacia adelante: bienes intermedios producidos o que se les agrega valor en República Dominicana y que son utilizados por empresas de otros países para fabricar bienes finales y reexportarlos. En este caso, por la buena experiencia en la producción de dispositivos médicos y electrónicos, RD puede hacer el esfuerzo de integrarse en las CGV exportando maquinaria sencilla, insumos para fabricar productos químicos y medicamentos (reactivos químicos), e insumos para producir aparatos de alta tecnología (instrumentos de medición y sensores, componentes eléctricos).
El Índice de Complejidad Económica del Observatorio de Complejidad Económica predice que los países que producen dispositivos médicos e instrumentos electrónicos, desarrollan las capacidades para luego fabricar bienes más sofisticados como equipos de navegación, sensores, aparatos eléctricos más complejos y partes de aparatos de comunicación.
En ese sentido, se puede pensar en políticas que fomenten la producción y faciliten la exportación de esos bienes intermedios hacia países en desarrollo que son tecnológicamente más avanzados. México puede ser una buena primera opción, considerando su integración y cercanía con Estados Unidos y su pujante industria de producción de vehículos y bienes electrónicos.
Sin embargo, hay obstáculos que se deben sobrepasar. De acuerdo a varias encuestas empresariales, la principal barrera es la calificación de la mano de obra dominicana. Para mitigar esta dificultad, se puede establecer un programa presidencial para becar jóvenes dominicanos en cursos técnicos y microcertificaciones en programación y automatización en la producción industrial y provisión de servicios. En el largo plazo, República Dominicana debe implementar una reforma educativa que mejore los niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, en especial en lectura comprensiva y matemáticas en los primeros cursos de educación básica.
Dada la gran dependencia del país de las exportaciones de bienes primarios (oro, productos agropecuarios), la integración del mismo en las CGV ayudaría a aumentar el valor agregado de sus exportaciones, produciría mejores salarios, y fomentaría el derramamiento de conocimiento hacia otras empresas locales que a su vez puedan seguir exportando y generando empleo. Un círculo virtuoso para el cual se debe trabajar.
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by Lic. Richard Medina | Dic 24, 2024 | ENFOQUE
Hace unos días, un grupo de amigos de infancia nos reunimos. Entre las múltiples anécdotas recordadas y temas conversados, estuvo qué retos habría que superar para lograr el desarrollo económico y social de República Dominicana en 30 años. Luego de la despedida del encuentro, me quedé pensando más profundamente en esa cuestión.
Entre los grandes retos del país que analicé se pueden mencionar los siguientes: la adaptación del cambio climático, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, la capacidad del país para insertarse en las cadenas globales de valor, el control de la frontera y la migración haitiana ilegal, y la realización de otras reformas estructurales pendientes. Es por ello que quisiera dedicar una serie de artículos para explorar cada uno de estos retos, iniciando por las preocupaciones sobre el clima.De acuerdo a datos del Banco Mundial, la temperatura máxima promedio del aire del país ha aumentado en 0.94 grados Celsius desde la década de los 1960s. Sin embargo, según las estimaciones del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe descritas en la Revisión 2020 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), se proyectan aumentos de las temperaturas máximas de 2 a 3 grados Celsius a 2050 (30 años) y de 3 a 5 grados Celsius a 2070 (50 años). Este incremento de temperaturas sería más notable en las áreas más densamente pobladas del país, especialmente el Gran Santo Domingo.
Además, en la actualidad se evidencia el efecto de islas de calor, donde comunidades muy urbanizadas perciben temperaturas por encima de la media durante las horas de trabajo. Esta situación, unida con el aumento esperado de las temperaturas promedio, incidirá en un aumento de la evaporación del agua, lo cual generará mayor estrés hidrológico. Es decir, ocurrirán más sequías, particularmente en zonas altamente pobladas de la parte sur y este del país. En efecto, en la Revisión 2020 de la NDC se estima que las lluvias totales anuales hacia el 2050 disminuirán un 15% en comparación a los valores históricos de 1961-1990; para 2070, las lluvias se reducirían un 17%.
Asimismo, hay que considerar que, por estar en una isla caribeña, República Dominicana es particularmente vulnerable a fenómenos climáticos, que se espera sean más intensos y frecuentes en los próximos años. Como referencia, recordemos las lluvias de noviembre de 2022 y 2023. Se estima que un 30% de la población dominicana es muy vulnerable a eventos climáticos extremos.
Dado este panorama, para la adaptación al cambio climático, se debe fortalecer la capacidad física en dos frentes: fomentar la resiliencia de las ciudades y aumentar la seguridad hídrica. A nivel de infraestructura hay grandes demandas sociales insatisfechas en el sector de agua potable y saneamiento (APS), como drenaje sanitario y pluvial, presas y acueductos.
En ese sentido, el Pacto por el Agua estima en US$8,564 millones el costo de la infraestructura de APS necesaria hasta 2036, de los cuales US$2,161 millones se utilizarían para construcción de drenaje sanitario, US$3,433 millones para la construcción de presas, y US$1,178 millones para la construcción de acueductos. Estas obras permitirían un mejor uso del recurso agua, ayudarían a controlar inundaciones y reducirían el impacto medioambiental de las aguas servidas.
No obstante, este monto probablemente será mayor debido a que las obras proyectadas para 2021-2024 se han ejecutado en menos de un 25%.
Por otro lado, se deben fortalecer las alianzas del Gobierno con agentes privados, asociaciones sin fines de lucro y organismos multilaterales para aumentar los recursos y proyectos encaminados a la reforestación y saneamiento de ecosistemas vulnerables, en especial los que impactan los afluentes de los grandes ríos dominicanos.
Las estimaciones de aumento de temperatura, sequías y violencia de fenómenos atmosféricos de las próximas décadas ponen de manifiesto la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. Es urgente comenzar a planificar y mejorar la infraestructura de cara a esta realidad.
Fuente LISTIN DIARIO
Descargo. Las posiciones de Richard Medina no son las de ninguna de las instituciones a las que pertenece el autor.
Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.
by Lic. Richard Medina | Nov 22, 2024 | POLÍTICA INDUSTRIAL
Después de la pandemia de COVID-19, los países occidentales han desarrollado cierto recelo a depender de China en la fabricación de bienes intermedios o finales. Esto se reforzó luego de los cierres de los principales puertos chinos en 2021, para evitar un nuevo brote del virus, que creó disrupciones en el comercio mundial, tanto por la producción de bienes como por el transporte marítimo.
Un elemento adicional hace que los países occidentales (Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea principalmente) se dediquen a asegurar la producción de bienes como un objetivo estratégico para la seguridad nacional: las múltiples tensiones geopolíticas vinculadas con la invasión rusa en Ucrania, con la búsqueda de hegemonía china y con el conflicto por aproximación entre Israel e Irán.
Dada esta realidad, los países occidentales se han volcado a intentar nuevas maneras de la llamada política industrial. La OCDE define “política industrial” como la asistencia gubernamental a empresas para promover o redefinir una actividad económica específica teniendo un objetivo determinado. Tradicionalmente, la política industrial se utilizó para promover la industrialización acelerada de un país, y esto se apreciaba cuando las exportaciones de bienes de ese país aumentaban en proporción a las exportaciones totales del mundo y/o cuando dicho país comenzaba a exportar bienes cada vez más sofisticados.
Los ejemplos modernos más exitosos se pueden ver en Asia con China, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. Más recientemente, Vietnam ha logrado insertarse en las cadenas globales de valor. En la era de la revolución industrial, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania implementaron diversas formas de política industrial que les permitió tener hegemonía tecnológica temporal y estar entre los países más competitivos en la manufactura de bienes.
En esta nueva ronda de política industrial, sin embargo, los objetivos son distintos. Más allá de aumentar la productividad de trabajadores o del capital, la nueva política industrial se basa en lograr sostenibilidad ambiental, resiliencia e independencia estratégica. Esto es, no es solo que las empresas produzcan más bienes más rápidamente, sino que esa producción asegure un uso sostenible de los recursos, que esto se pueda mantener en el tiempo y que evite la dependencia de países que no son cercanos a Occidente.
En este último objetivo, Estados Unidos ha ido a la vanguardia. En 2018, la administración de Donald Trump impuso aranceles al 60% de las importaciones de ese país desde China. Los aranceles provocaron una reducción de las importaciones americanas desde China y un aumento de las provenientes de otros países como Vietnam, Taiwán, Canadá, México, Corea del Sur e India.
Asimismo, con la implementación de la ley IRA, el Gobierno americano logró atraer importantes inversiones para reducir la dependencia de petróleo de diversas actividades productivas como la fabricación de vehículos eléctricos, construcción de parques de energías renovables y adaptación de la agricultura al cambio climático.
Por su lado, la ley CHIPS proveyó financiamiento para la investigación, diseño y producción de microchips en suelo americano. El objetivo era atraer inversiones hacia Estados Unidos y frenar el avance de China en esta materia, así como tener un insumo crítico para la computación cuántica, desarrollos en la nube y manejo de grandes datos.
Dado este contexto, y la expectativa de que la guerra comercial con China se endurezca cuando Donald Trump asuma su segundo mandato, República Dominicana puede intentar atraer más inversión industrial. No obstante, a pesar de su cercanía geográfica y tratado de libre comercio con EEUU, habría que implementar políticas que hagan más atractivo al país.
En primer lugar, es importante definir qué tipo de industrias se desea atraer. Lo más sencillo es buscar atraer inversión industrial vinculada a bienes que actualmente exportamos. Segundo, aunque una reforma educativa toma al menos una década, el Gobierno puede formar técnicos con microcertificaciones en áreas de tecnología, ciencias e innovación que serán críticas en las industrias que se desean atraer. Tercero, es importante reducir los costos de transporte terrestre. Aumentar la competencia en el mercado interno de transporte de carga, que es uno de los más caros de Centroamérica, es un paso necesario para mejorar la competitividad nacional. Y cuarto, el país debe abocarse a realizar inversiones en áreas estratégicas como generación eléctrica, agua potable y saneamiento, riego, y actualización de maquinaria industrial que lo hagan más competitivo con sus pares regionales.
Publicado en el LISTIN DIARIO
Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.
by Lic. Richard Medina | Oct 19, 2024 | ECONOMÍA
El Gobierno presentó el proyecto de reforma fiscal buscando aumentar la recaudación en RD$122,000 millones. Más allá de los malestares esperados, el proyecto de ley ha sido controversial por la fuerte concentración de las nuevas medidas en grupos poblacionales específicos, como las familias de clase media, y en sectores económicos cuyas leyes de incentivos fiscales se están eliminando.
La clase media es la gran impactada en la reforma debido a que sobre esta recaen varias de las medidas de más agresividad tributaria. La primera medida es eliminar la exención de casi todos los bienes de consumo y varios servicios, que comenzarían a pagar 18% de ITBIS. Esta medida aumentaría los costos a los consumidores entre 3% y 8%. Es decir, que un hogar que gasta RD$25,000 en comida y servicios, estaría viendo un aumento de entre RD$750 y RD$2,000 en su gasto mensual. Es extraño ver que estos bienes, que anteriormente estaban exentos, comenzarán a pagar la tasa única de 18%, y no una tasa más baja o diferenciada como sucede en otros países de la región o Europa.
Esta estimación no incluye los efectos inflacionarios que puede generar la medida de gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al transporte de carga, un mercado poco competitivo. Este gravamen, de aprobarse e implementarse, puede generar un aumento de precios de 0.3% a 1% adicional sobre el precio base de una gran cantidad de bienes. Un tercer elemento de cuidado es la eliminación de la deducción de gastos educativos. La deducción permitía el uso de los gastos educativos para reducir la base imponible del Impuesto Sobre la Renta, constituyéndose en un aliado de los padres dominicanos, especialmente en un país donde la educación pública no ha mostrado pasos importantes de mejora. Su eliminación sin una alternativa implica una disminución inmediata del ingreso de las familias dominicanas.
El cuarto elemento a tomar en cuenta es la reducción del monto mínimo exento del llamado IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario). Una vivienda que pagaba IPI, porque su precio es superior al mínimo exento de RD$9,860,649.00, a partir de la reforma tendría que pagar más de RD$48,000 anuales adicionales de este impuesto. Esto es, una familia tendrá que pagar RD$4,000 más cada mes solo por esta modificación (no incluye el impacto de la revalorización de precios de viviendas). En la presentación sobre la reforma fiscal, el mismo Gobierno presentó que en casi todos los países de América Latina se tenía un esquema de tasas diferenciadas que era progresivo a medida que aumentaba el valor del inmueble. En República Dominicana, extrañamente, se optó mantener una única tasa alta, contradiciendo la experiencia regional.
Respecto a los sectores construcción, zonas francas, turismo e industria, entre otros, cuyas leyes de incentivos son modificadas, hay que tener cuidado con estos cambios. Los sectores mencionados son de los más dinámicos en la economía, generan al menos el 26% de los empleos nacionales y atraen más de dos tercios de la inversión extranjera que llega a República Dominicana. El alza de las inversiones en estos sectores se potenció luego de la entrada en vigencia de las leyes de incentivos. No obstante, se debe reconocer que no todos estos incentivos pueden ser eternos, y hay que revisar cada caso de manera precisa, especialmente para evitar excesos. En ese orden, el Gobierno, para obtener más legitimidad con estas medidas tributarias, debe mostrar los estudios que utilizó para tomar esta decisión y que demuestran la necesidad de borrar todos los incentivos fiscales a estas actividades económicas de golpe. Asimismo, debe llamar a un diálogo a los distintos sectores en el Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional creado para estos fines.
Para concluir, hay que decir que la reforma no parece cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Si los ingresos aumentarían en RD$122,000 millones y se financiarían gastos adicionales por RD$110,000 millones (como ha planteado el Gobierno), se lograría un ahorro de RD$12,000 millones al año o 0.15% del PIB. Aquí no se incluyen las partidas para aumentar el salario mínimo del Gobierno, lo que hace pensar que no habría ahorro fiscal luego de la reforma. Este monto es insuficiente para reducir de 3% del PIB a 2% del PIB el déficit fiscal, valor meta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al país en su reporte del Artículo IV publicado en 2023.
Dada la reacción social, y el impacto que la reforma fiscal tendría en la población de ingresos bajos y medios y en sectores económicos productivos, lo deseable es gradualidad, más diálogo y un compromiso de reducción de gastos públicos firme.
Publicado en el LISTÍN DIARIO
