La economía sin andamios

by Lic. Richard Medina | Abr 25, 2025 | ECONOMÍA

El sector construcción está decreciendo. En los primeros dos meses de 2025, cayó 7.7% en comparación con 2024 de acuerdo al Banco Central. En 2024, la construcción creció apenas 2.1%, menos de la mitad que el crecimiento de la economía en general.

Son malas noticias. El sector construcción es el segundo mayor empleador de manera desagregada, dando trabajo a 9 de cada 100 trabajadores. En 2024, el sector representó 13% del Producto Interno Bruto (PIB), la actividad de mayor peso en la economía dominicana. Asimismo, la construcción es una actividad que genera encadenamientos amplios en la economía: gana el plomero, albañil, electricista, pintor, obrero, pisero, y también vende el herrero, el dueño de ferretería, las cementeras, y los fabricantes de tubos, pinturas, cables. Es un sector con poder para generar empleo rápido y consumo de bienes producidos en el país.

Varias razones explican la caída de la construcción. Primero, las altas tasas de interés dificultan la compra de viviendas. En este contexto, la cuota hipotecaria para una familia que toma prestados cuatro millones de pesos a 15 años supera los 56,000 pesos, incluyendo el seguro; con tasas de interés al 10%, serían alrededor de 40,000 pesos. Esto afecta particularmente a los compradores de viviendas de bajo costo.

Segundo, el gobierno tiene un bajo gasto en infraestructura que le imposibilita compensar el efecto de las altas tasas de interés. El gasto del gobierno se ha concentrado en partidas como nómina, pensiones y subsidio eléctrico, lo que ha incrementado el déficit fiscal y la deuda. Con una factura de intereses en ascenso, de 298 mil millones de pesos este año, se ha limitado el presupuesto para construcción de obras públicas que dinamicen la economía.

Tercero, los rumores de la reforma tributaria iniciados en mayo de 2024 frenaron el sector construcción. Como se hablaba de eliminar de manera amplia las facilidades de los fideicomisos, diferentes constructores pausaron sus proyectos inmobiliarios hasta que se esclareciera el panorama. Aunque la reforma no se aprobó, el daño estaba hecho: seis meses de pausa e incertidumbre. Cuarto, la demanda de apartamentos por dominicanos en el extranjero parece haberse reducido por la incertidumbre en la economía americana. Estas dos últimas razones impactan el desarrollo de viviendas para clase media y media-alta en Santo Domingo y varios destinos turísticos.

En este escenario, urge tomar medidas para dinamizar el sector. Una propuesta sería que se considere liberar fondos de encaje legal para préstamos hipotecarios, especialmente proyectos ya iniciados, siempre que las condiciones monetarias lo permitan.

Asimismo, se puede fomentar la titularización de préstamos de vivienda, donde las mejores hipotecas puedan ser agrupadas y vendidas en el mercado de valores. Esto permitiría extender los plazos de las hipotecas, reducir sus tasas de interés y mantenerlas fijas.

Además, el gobierno debe recortar gastos poco productivos (publicidad, nómina) para aumentar la inversión en obras. Por último, se debe analizar el caso de trabajadores de la construcción que trabajan tiempo parcial en dos o más proyectos, lo que les genera dificultad para formalizarse en la seguridad social. Reactivar la construcción es fundamental para dinamizar la actividad comercial e industrial dominicana.

Publicado en el LISTÍN DIARIO

Las cadenas globales de valor.

by Lic. Richard Medina | Ene 14, 2025 | ECONOMÍA

Un reto importante que tiene República Dominicana (RD) es fortalecer su inserción en las cadenas globales de valor (CGV). Las CGV se refieren al conjunto de actividades que las empresas realizan para fabricar un bien, desde su concepción hasta su venta. Es decir, que incluye todo lo que se hace desde el diseño de ese bien, su producción, mercadeo, promoción, distribución y apoyo al cliente que lo adquiere.

En cada una de estas etapas, quienes trabajan en el producto generan valor (de ahí su nombre) y pueden estar ubicados en empresas y países distintos. La localización en países distintos se explica, principalmente, por la reducción de costos: a modo de ejemplo, si una parte de la producción de celulares, como el ensamblado del producto, es intenso en mano de obra, el mismo se puede migrar a un país donde la mano de obra sea relativamente más barata.

Diversos estudios documentan la importancia de las CGV para los países en desarrollo: aumento y sofisticación de sus exportaciones, adquisición de tecnología, generación de empleo de calidad y participación femenina, logro de economías de escala, aumento del poder adquisitivo de la población, y reducción de la pobreza. El Banco Mundial estima que un 1% del crecimiento de las exportaciones dentro de las CGV aumenta el producto per cápita en más de 1%, más de cinco veces el incremento observado con el comercio tradicional. En síntesis, las CGV pueden ser vehículos para lograr el desarrollo.

República Dominicana tiene poca integración en las CGV en comparación con sus pares regionales y globales. La integración que presenta es mayoritariamente hacia atrás: importa bienes intermedios que utiliza como insumos para exportar bienes terminados. El modelo de Zonas Francas mayoritariamente explica este patrón y ha permitido que se pase de exportar textiles a productos más sofisticados (y valiosos) como dispositivos médicos, bienes eléctricos, medicamentos y artículos plásticos.

No obstante, se tiene espacio para lograr la integración hacia adelante: bienes intermedios producidos o que se les agrega valor en República Dominicana y que son utilizados por empresas de otros países para fabricar bienes finales y reexportarlos. En este caso, por la buena experiencia en la producción de dispositivos médicos y electrónicos, RD puede hacer el esfuerzo de integrarse en las CGV exportando maquinaria sencilla, insumos para fabricar productos químicos y medicamentos (reactivos químicos), e insumos para producir aparatos de alta tecnología (instrumentos de medición y sensores, componentes eléctricos).

El Índice de Complejidad Económica del Observatorio de Complejidad Económica predice que los países que producen dispositivos médicos e instrumentos electrónicos, desarrollan las capacidades para luego fabricar bienes más sofisticados como equipos de navegación, sensores, aparatos eléctricos más complejos y partes de aparatos de comunicación.

En ese sentido, se puede pensar en políticas que fomenten la producción y faciliten la exportación de esos bienes intermedios hacia países en desarrollo que son tecnológicamente más avanzados. México puede ser una buena primera opción, considerando su integración y cercanía con Estados Unidos y su pujante industria de producción de vehículos y bienes electrónicos.

Sin embargo, hay obstáculos que se deben sobrepasar. De acuerdo a varias encuestas empresariales, la principal barrera es la calificación de la mano de obra dominicana. Para mitigar esta dificultad, se puede establecer un programa presidencial para becar jóvenes dominicanos en cursos técnicos y microcertificaciones en programación y automatización en la producción industrial y provisión de servicios. En el largo plazo, República Dominicana debe implementar una reforma educativa que mejore los niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, en especial en lectura comprensiva y matemáticas en los primeros cursos de educación básica.

Dada la gran dependencia del país de las exportaciones de bienes primarios (oro, productos agropecuarios), la integración del mismo en las CGV ayudaría a aumentar el valor agregado de sus exportaciones, produciría mejores salarios, y fomentaría el derramamiento de conocimiento hacia otras empresas locales que a su vez puedan seguir exportando y generando empleo. Un círculo virtuoso para el cual se debe trabajar.

Publicado en el LISTÍN DIARIO

El impacto de la reforma fiscal en la clase media, y sus resultados.

by Lic. Richard Medina | Oct 19, 2024 | ECONOMÍA

El Gobierno presentó el proyecto de reforma fiscal buscando aumentar la recaudación en RD$122,000 millones. Más allá de los malestares esperados, el proyecto de ley ha sido controversial por la fuerte concentración de las nuevas medidas en grupos poblacionales específicos, como las familias de clase media, y en sectores económicos cuyas leyes de incentivos fiscales se están eliminando.

La clase media es la gran impactada en la reforma debido a que sobre esta recaen varias de las medidas de más agresividad tributaria. La primera medida es eliminar la exención de casi todos los bienes de consumo y varios servicios, que comenzarían a pagar 18% de ITBIS. Esta medida aumentaría los costos a los consumidores entre 3% y 8%. Es decir, que un hogar que gasta RD$25,000 en comida y servicios, estaría viendo un aumento de entre RD$750 y RD$2,000 en su gasto mensual. Es extraño ver que estos bienes, que anteriormente estaban exentos, comenzarán a pagar la tasa única de 18%, y no una tasa más baja o diferenciada como sucede en otros países de la región o Europa.

Esta estimación no incluye los efectos inflacionarios que puede generar la medida de gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al transporte de carga, un mercado poco competitivo. Este gravamen, de aprobarse e implementarse, puede generar un aumento de precios de 0.3% a 1% adicional sobre el precio base de una gran cantidad de bienes. Un tercer elemento de cuidado es la eliminación de la deducción de gastos educativos. La deducción permitía el uso de los gastos educativos para reducir la base imponible del Impuesto Sobre la Renta, constituyéndose en un aliado de los padres dominicanos, especialmente en un país donde la educación pública no ha mostrado pasos importantes de mejora. Su eliminación sin una alternativa implica una disminución inmediata del ingreso de las familias dominicanas.

El cuarto elemento a tomar en cuenta es la reducción del monto mínimo exento del llamado IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario). Una vivienda que pagaba IPI, porque su precio es superior al mínimo exento de RD$9,860,649.00, a partir de la reforma tendría que pagar más de RD$48,000 anuales adicionales de este impuesto. Esto es, una familia tendrá que pagar RD$4,000 más cada mes solo por esta modificación (no incluye el impacto de la revalorización de precios de viviendas). En la presentación sobre la reforma fiscal, el mismo Gobierno presentó que en casi todos los países de América Latina se tenía un esquema de tasas diferenciadas que era progresivo a medida que aumentaba el valor del inmueble. En República Dominicana, extrañamente, se optó mantener una única tasa alta, contradiciendo la experiencia regional.

Respecto a los sectores construcción, zonas francas, turismo e industria, entre otros, cuyas leyes de incentivos son modificadas, hay que tener cuidado con estos cambios. Los sectores mencionados son de los más dinámicos en la economía, generan al menos el 26% de los empleos nacionales y atraen más de dos tercios de la inversión extranjera que llega a República Dominicana. El alza de las inversiones en estos sectores se potenció luego de la entrada en vigencia de las leyes de incentivos. No obstante, se debe reconocer que no todos estos incentivos pueden ser eternos, y hay que revisar cada caso de manera precisa, especialmente para evitar excesos. En ese orden, el Gobierno, para obtener más legitimidad con estas medidas tributarias, debe mostrar los estudios que utilizó para tomar esta decisión y que demuestran la necesidad de borrar todos los incentivos fiscales a estas actividades económicas de golpe. Asimismo, debe llamar a un diálogo a los distintos sectores en el Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional creado para estos fines.

Para concluir, hay que decir que la reforma no parece cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Si los ingresos aumentarían en RD$122,000 millones y se financiarían gastos adicionales por RD$110,000 millones (como ha planteado el Gobierno), se lograría un ahorro de RD$12,000 millones al año o 0.15% del PIB. Aquí no se incluyen las partidas para aumentar el salario mínimo del Gobierno, lo que hace pensar que no habría ahorro fiscal luego de la reforma. Este monto es insuficiente para reducir de 3% del PIB a 2% del PIB el déficit fiscal, valor meta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al país en su reporte del Artículo IV publicado en 2023.

Dada la reacción social, y el impacto que la reforma fiscal tendría en la población de ingresos bajos y medios y en sectores económicos productivos, lo deseable es gradualidad, más diálogo y un compromiso de reducción de gastos públicos firme.

Publicado en el LISTÍN DIARIO

Revisemos el impuesto a los salarios.

by Lic. Richard Medina | Sep 3, 2024 | ECONOMÍA

Desde hace siete años, a los trabajadores dominicanos no se les ha indexado el mínimo exento del impuesto sobre la renta (ISR) que pagan por sus salarios ni las escalas gravadas. No haber realizado este ajuste implica al menos 17,000 millones adicionales de recaudación para el Gobierno durante 2023, monto que se le quita al bolsillo de los trabajadores.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publica, en cumplimiento al Artículo 296 del Código de Trabajo, las escalas gravables del ISR de los salarios de los trabajadores. El Párrafo I de dicho Artículo estipula que las escalas gravables de los salarios deben ajustarse anualmente por la inflación acumulada del año anterior. La indexación, que es el ajuste por la inflación del año anterior, se pospone mediante lo establecido en un artículo de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) de cada año desde 2018.

Es importante mencionar que este impuesto es progresivo en el sentido de que las escalas permiten que un trabajador que gane un salario más alto esté pagando una tasa marginal de impuestos mayor a uno que gane un salario menor. Asimismo, el impuesto considera un mínimo exento: trabajadores que reciban salarios iguales o menores a dicho monto exento, no pagan gravámenes sobre la renta sobre sus salarios. El mínimo exento tiene la lógica de que un empleado, para poder trabajar, debe consumir una canasta de bienes y servicios. El monto que se incluye como mínimo exento es una aproximación del costo presunto de estos bienes y servicios necesarios para salir a trabajar.

Entre los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2023, la inflación acumulada asciende a 39.8%; dos tercios de la misma se generó entre 2020 y 2023. Lo anterior implica que una persona que gana RD$75,000 mensuales, está pagando RD$7,332.94 cada mes por ISR de su salario. De hacerse el ajuste por inflación para los años que no se ha realizado, esa persona pasaría a pagar RD$4,093.09 mensuales. El ahorro para ese trabajador sería de RD$3,239.85 mensuales o RD$38,878.10 anuales.

El ejercicio anterior se puede ver de una manera alterna. Si se deja de ajustar por inflación las escalas para el cálculo del ISR a los salarios, ¿se estaría diciendo que los niveles iniciales de las escalas eran elevados? O, ¿se estaría logrando un aumento importante de las recaudaciones sin necesidad de hacer una reforma fiscal amplia?

Sobre el primer punto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Informe del Artículo IV publicado en 2023, plantea reducir el monto exento para el cálculo del ISR al salario hasta que sea el equivalente a dos veces el salario mínimo aproximadamente. Después de las últimas alzas de salarios mínimos, el monto exento anda por este valor. Queda la duda de si esta es una referencia correcta, toda vez que los salarios mínimos se ajustan más lentamente que la inflación.

Sobre la segunda pregunta, se puede ver el tema a la luz de la economía política. Dado que no indexar las escalas genera un pago adicional de impuestos que se ve pequeño cuando se distribuye entre una gran cantidad de trabajadores, es menos probable que estos se unifiquen y protesten por esta acción. Es por ello que urge mayor discusión pública del tema, pues ayudaría a presionar para ajustar las escalas del ISR sobre los salarios y aliviar los bolsillos de los trabajadores, que han sido muy golpeados por la inflación reciente.

Publicado en el LISTÍN DIARIO

Sobre el proyecto de ley que contiene reglas fiscales.

by Lic. Richard Medina | Jun 20, 2023 | ECONOMÍA

En 2014, 2019 y 2020 se sometieron tres propuestas distintas pero que tenían objetivos similares a los planteados en el proyecto de ley actual; ninguno de los tres proyectos de ley fue aprobado y todos perimieron en el Congreso

Hace unos días, el Gobierno dominicano sometió el “proyecto de ley de responsabilidad fiscal de las instituciones estatales” ante la Cámara de Diputados, el cual viene a establecer reglas fiscales para el manejo de las finanzas públicas dominicanas. No es la primera vez que se propone un proyecto de ley de este tipo. En 2014, 2019 y 2020 se sometieron tres propuestas distintas pero que tenían objetivos similares a los planteados en el proyecto de ley actual; ninguno de los tres proyectos de ley fue aprobado y todos perimieron en el Congreso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define una regla fiscal como una restricción duradera, de largo plazo, que se impone a los agregados presupuestarios o fiscales con límites numéricos. Es decir, es una restricción a la política fiscal del Gobierno con el objetivo de contener el incentivo del Gobierno a sobregastar y así mantener la sostenibilidad de la deuda. Al 2021, el FMI recopila una base de datos de 106 países que han establecido al menos una de cuatro tipos de reglas fiscales: regla de balance fiscal, de gasto público, de ingresos del Gobierno, y de acumulación de deuda pública. 

En el caso dominicano, se propone la adopción de dos tipos de regla fiscal de manera simultánea: una sobre la acumulación de deuda pública, la cual no puede superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2035 para el Gobierno General Nacional (no del Sector Público No Financiero); y otra sobre el aumento del gasto primario (gasto público menos los intereses de la deuda), el cual debe crecer máximo a la tasa de inflación esperada del año más 300 puntos básicos (3 %). En el último caso, si la inflación esperada en el año es de 4%, el gasto primario no debe aumentar más de 7% en ese año (4%+3%). Es importante destacar que la mayoría de los países aplican más de una regla fiscal de manera simultánea.

Aunque una iniciativa interesante, la manera en que está planteada la regla fiscal puede conllevar a que el resultado de la misma no se cumpla en el tiempo y/o a que se descuiden objetos de gasto de alta prioridad para el desarrollo nacional. Al respecto se pueden destacar los puntos siguientes:

1. No se incluye la deuda de las Empresas Públicas No Financieras y de los Fideicomisos Públicas en la regla fiscal. Aunque actualmente la deuda de las Empresas Públicas No Financieras es baja (menos de 0.4% del PIB), esto puede no ser así en el futuro, considerando que las empresas públicas tienen la capacidad de contratar deuda a su riesgo. A manera de ejemplo, las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) pueden endeudarse para costear los casi US$2,000 mil millones que necesitan para rehabilitar circuitos y reducir sus pérdidas eléctricas. Si, en lugar de tomar dinero prestado a nombre del Gobierno Central, esto se hace a nombre de cada una de las EDES, entonces con ese caso se estaría cumpliendo con la regla fiscal pero no necesariamente mejoraría la sostenibilidad de la deuda pública. Sería un asunto técnicamente contable. El otro aspecto a considerar es la deuda que puedan contraer los fideicomisos públicos. Con el alto interés mostrado hacia el uso de los fideicomisos públicos para la ejecución de proyectos de infraestructura pública y de alianzas público-privada, es importante considerar que estos fideicomisos se pueden convertir en una fuente importante de acumulación de deuda en el futuro, como lo han sido en otros países latinoamericanos. No incluir esta deuda en la restricción del Gobierno, podría llevar a sobreestimar su capacidad de endeudamiento.
2. Es de esperarse que se reduzca la inversión pública en el futuro. Como el gasto primario debe crecer máximo a una tasa de inflación más 3%, aquellas partidas presupuestarias que deben crecer con el crecimiento nominal de la economía (aproximadamente inflación más crecimiento real de la economía, que es típicamente de 5% cada año) generarán presión sobre aquellas que no tienen esta condición por cumplir. Como ejemplo de esto último se puede mencionar 1) el 4% del PIB para educación preuniversitaria y 2) las transferencias para recapitalizar el Banco Central (más o menos 0.4% del PIB). Si a eso se suman las transferencias corrientes para cubrir el déficit de las EDES (un 1.3% del PIB cada año), se estará viendo partidas de relevancia creciendo cada vez menos para compensar el aumento de las tres partidas antes mencionadas. La partida predilecta para hacer este ajuste es precisamente la inversión pública, dadas las rigideces y el aumento permanente del costo de nómina, y la facilidad con que esta puede ser ajustada. Otra opción, que se menciona de manera sutil en el proyecto de ley, es la aprobación de una reforma tributaria amplia que permita al Ministro de Hacienda aumentar la regla de gasto ante mayor holgura por el lado de los ingresos.
3. Reglamenta la aprobación de gasto tributario. Algo bastante positivo es que el proyecto de ley de regla fiscal establece los criterios para aprobarse nuevo gasto tributario, y determina el plazo máximo de vigencia de incentivos tributarios hasta los quince años. 

En conclusión, es importante tener una regla fiscal. Sin embargo, si esta regla no es consistente con el nivel de ingresos y gastos actuales del Gobierno, se terminaría incumpliéndola de manera explícita o a través de aquellas unidades de Gobierno que no entran en la regla fiscal. De cualquier modo, no se tendría disciplina fiscal verdadera.

Publicado en ACENTO