Después de la pandemia de COVID-19, los países occidentales han desarrollado cierto recelo a depender de China en la fabricación de bienes intermedios o finales. Esto se reforzó luego de los cierres de los principales puertos chinos en 2021, para evitar un nuevo brote del virus, que creó disrupciones en el comercio mundial, tanto por la producción de bienes como por el transporte marítimo.

Un elemento adicional hace que los países occidentales (Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea principalmente) se dediquen a asegurar la producción de bienes como un objetivo estratégico para la seguridad nacional: las múltiples tensiones geopolíticas vinculadas con la invasión rusa en Ucrania, con la búsqueda de hegemonía china y con el conflicto por aproximación entre Israel e Irán.

 Dada esta realidad, los países occidentales se han volcado a intentar nuevas maneras de la llamada política industrial. La OCDE define “política industrial” como la asistencia gubernamental a empresas para promover o redefinir una actividad económica específica teniendo un objetivo determinado. Tradicionalmente, la política industrial se utilizó para promover la industrialización acelerada de un país, y esto se apreciaba cuando las exportaciones de bienes de ese país aumentaban en proporción a las exportaciones totales del mundo y/o cuando dicho país comenzaba a exportar bienes cada vez más sofisticados.

 Los ejemplos modernos más exitosos se pueden ver en Asia con China, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. Más recientemente, Vietnam ha logrado insertarse en las cadenas globales de valor. En la era de la revolución industrial, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania implementaron diversas formas de política industrial que les permitió tener hegemonía tecnológica temporal y estar entre los países más competitivos en la manufactura de bienes.

 En esta nueva ronda de política industrial, sin embargo, los objetivos son distintos. Más allá de aumentar la productividad de trabajadores o del capital, la nueva política industrial se basa en lograr sostenibilidad ambiental, resiliencia e independencia estratégica. Esto es, no es solo que las empresas produzcan más bienes más rápidamente, sino que esa producción asegure un uso sostenible de los recursos, que esto se pueda mantener en el tiempo y que evite la dependencia de países que no son cercanos a Occidente.

En este último objetivo, Estados Unidos ha ido a la vanguardia. En 2018, la administración de Donald Trump impuso aranceles al 60% de las importaciones de ese país desde China. Los aranceles provocaron una reducción de las importaciones americanas desde China y un aumento de las provenientes de otros países como Vietnam, Taiwán, Canadá, México, Corea del Sur e India.

Asimismo, con la implementación de la ley IRA, el Gobierno americano logró atraer importantes inversiones para reducir la dependencia de petróleo de diversas actividades productivas como la fabricación de vehículos eléctricos, construcción de parques de energías renovables y adaptación de la agricultura al cambio climático.

 Por su lado, la ley CHIPS proveyó financiamiento para la investigación, diseño y producción de microchips en suelo americano. El objetivo era atraer inversiones hacia Estados Unidos y frenar el avance de China en esta materia, así como tener un insumo crítico para la computación cuántica, desarrollos en la nube y manejo de grandes datos.

Dado este contexto, y la expectativa de que la guerra comercial con China se endurezca cuando Donald Trump asuma su segundo mandato, República Dominicana puede intentar atraer más inversión industrial. No obstante, a pesar de su cercanía geográfica y tratado de libre comercio con EEUU, habría que implementar políticas que hagan más atractivo al país.

En primer lugar, es importante definir qué tipo de industrias se desea atraer. Lo más sencillo es buscar atraer inversión industrial vinculada a bienes que actualmente exportamos. Segundo, aunque una reforma educativa toma al menos una década, el Gobierno puede formar técnicos con microcertificaciones en áreas de tecnología, ciencias e innovación que serán críticas en las industrias que se desean atraer. Tercero, es importante reducir los costos de transporte terrestre. Aumentar la competencia en el mercado interno de transporte de carga, que es uno de los más caros de Centroamérica, es un paso necesario para mejorar la competitividad nacional. Y cuarto, el país debe abocarse a realizar inversiones en áreas estratégicas como generación eléctrica, agua potable y saneamiento, riego, y actualización de maquinaria industrial que lo hagan más competitivo con sus pares regionales.

 Publicado en el LISTIN DIARIO

Lic. Richard Medina

Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.