by Lic. Richard Medina | Sep 3, 2024 | ECONOMÍA
Desde hace siete años, a los trabajadores dominicanos no se les ha indexado el mínimo exento del impuesto sobre la renta (ISR) que pagan por sus salarios ni las escalas gravadas. No haber realizado este ajuste implica al menos 17,000 millones adicionales de recaudación para el Gobierno durante 2023, monto que se le quita al bolsillo de los trabajadores.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publica, en cumplimiento al Artículo 296 del Código de Trabajo, las escalas gravables del ISR de los salarios de los trabajadores. El Párrafo I de dicho Artículo estipula que las escalas gravables de los salarios deben ajustarse anualmente por la inflación acumulada del año anterior. La indexación, que es el ajuste por la inflación del año anterior, se pospone mediante lo establecido en un artículo de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) de cada año desde 2018.
Es importante mencionar que este impuesto es progresivo en el sentido de que las escalas permiten que un trabajador que gane un salario más alto esté pagando una tasa marginal de impuestos mayor a uno que gane un salario menor. Asimismo, el impuesto considera un mínimo exento: trabajadores que reciban salarios iguales o menores a dicho monto exento, no pagan gravámenes sobre la renta sobre sus salarios. El mínimo exento tiene la lógica de que un empleado, para poder trabajar, debe consumir una canasta de bienes y servicios. El monto que se incluye como mínimo exento es una aproximación del costo presunto de estos bienes y servicios necesarios para salir a trabajar.
Entre los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2023, la inflación acumulada asciende a 39.8%; dos tercios de la misma se generó entre 2020 y 2023. Lo anterior implica que una persona que gana RD$75,000 mensuales, está pagando RD$7,332.94 cada mes por ISR de su salario. De hacerse el ajuste por inflación para los años que no se ha realizado, esa persona pasaría a pagar RD$4,093.09 mensuales. El ahorro para ese trabajador sería de RD$3,239.85 mensuales o RD$38,878.10 anuales.
El ejercicio anterior se puede ver de una manera alterna. Si se deja de ajustar por inflación las escalas para el cálculo del ISR a los salarios, ¿se estaría diciendo que los niveles iniciales de las escalas eran elevados? O, ¿se estaría logrando un aumento importante de las recaudaciones sin necesidad de hacer una reforma fiscal amplia?
Sobre el primer punto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Informe del Artículo IV publicado en 2023, plantea reducir el monto exento para el cálculo del ISR al salario hasta que sea el equivalente a dos veces el salario mínimo aproximadamente. Después de las últimas alzas de salarios mínimos, el monto exento anda por este valor. Queda la duda de si esta es una referencia correcta, toda vez que los salarios mínimos se ajustan más lentamente que la inflación.
Sobre la segunda pregunta, se puede ver el tema a la luz de la economía política. Dado que no indexar las escalas genera un pago adicional de impuestos que se ve pequeño cuando se distribuye entre una gran cantidad de trabajadores, es menos probable que estos se unifiquen y protesten por esta acción. Es por ello que urge mayor discusión pública del tema, pues ayudaría a presionar para ajustar las escalas del ISR sobre los salarios y aliviar los bolsillos de los trabajadores, que han sido muy golpeados por la inflación reciente.
Publicado en el LISTÍN DIARIO
by Lic. Richard Medina | Jun 20, 2023 | ECONOMÍA
En 2014, 2019 y 2020 se sometieron tres propuestas distintas pero que tenían objetivos similares a los planteados en el proyecto de ley actual; ninguno de los tres proyectos de ley fue aprobado y todos perimieron en el Congreso
Hace unos días, el Gobierno dominicano sometió el “proyecto de ley de responsabilidad fiscal de las instituciones estatales” ante la Cámara de Diputados, el cual viene a establecer reglas fiscales para el manejo de las finanzas públicas dominicanas. No es la primera vez que se propone un proyecto de ley de este tipo. En 2014, 2019 y 2020 se sometieron tres propuestas distintas pero que tenían objetivos similares a los planteados en el proyecto de ley actual; ninguno de los tres proyectos de ley fue aprobado y todos perimieron en el Congreso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) define una regla fiscal como una restricción duradera, de largo plazo, que se impone a los agregados presupuestarios o fiscales con límites numéricos. Es decir, es una restricción a la política fiscal del Gobierno con el objetivo de contener el incentivo del Gobierno a sobregastar y así mantener la sostenibilidad de la deuda. Al 2021, el FMI recopila una base de datos de 106 países que han establecido al menos una de cuatro tipos de reglas fiscales: regla de balance fiscal, de gasto público, de ingresos del Gobierno, y de acumulación de deuda pública.
En el caso dominicano, se propone la adopción de dos tipos de regla fiscal de manera simultánea: una sobre la acumulación de deuda pública, la cual no puede superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2035 para el Gobierno General Nacional (no del Sector Público No Financiero); y otra sobre el aumento del gasto primario (gasto público menos los intereses de la deuda), el cual debe crecer máximo a la tasa de inflación esperada del año más 300 puntos básicos (3 %). En el último caso, si la inflación esperada en el año es de 4%, el gasto primario no debe aumentar más de 7% en ese año (4%+3%). Es importante destacar que la mayoría de los países aplican más de una regla fiscal de manera simultánea.
Aunque una iniciativa interesante, la manera en que está planteada la regla fiscal puede conllevar a que el resultado de la misma no se cumpla en el tiempo y/o a que se descuiden objetos de gasto de alta prioridad para el desarrollo nacional. Al respecto se pueden destacar los puntos siguientes:
- No se incluye la deuda de las Empresas Públicas No Financieras y de los Fideicomisos Públicas en la regla fiscal. Aunque actualmente la deuda de las Empresas Públicas No Financieras es baja (menos de 0.4% del PIB), esto puede no ser así en el futuro, considerando que las empresas públicas tienen la capacidad de contratar deuda a su riesgo. A manera de ejemplo, las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) pueden endeudarse para costear los casi US$2,000 mil millones que necesitan para rehabilitar circuitos y reducir sus pérdidas eléctricas. Si, en lugar de tomar dinero prestado a nombre del Gobierno Central, esto se hace a nombre de cada una de las EDES, entonces con ese caso se estaría cumpliendo con la regla fiscal pero no necesariamente mejoraría la sostenibilidad de la deuda pública. Sería un asunto técnicamente contable. El otro aspecto a considerar es la deuda que puedan contraer los fideicomisos públicos. Con el alto interés mostrado hacia el uso de los fideicomisos públicos para la ejecución de proyectos de infraestructura pública y de alianzas público-privada, es importante considerar que estos fideicomisos se pueden convertir en una fuente importante de acumulación de deuda en el futuro, como lo han sido en otros países latinoamericanos. No incluir esta deuda en la restricción del Gobierno, podría llevar a sobreestimar su capacidad de endeudamiento.
- Es de esperarse que se reduzca la inversión pública en el futuro. Como el gasto primario debe crecer máximo a una tasa de inflación más 3%, aquellas partidas presupuestarias que deben crecer con el crecimiento nominal de la economía (aproximadamente inflación más crecimiento real de la economía, que es típicamente de 5% cada año) generarán presión sobre aquellas que no tienen esta condición por cumplir. Como ejemplo de esto último se puede mencionar 1) el 4% del PIB para educación preuniversitaria y 2) las transferencias para recapitalizar el Banco Central (más o menos 0.4% del PIB). Si a eso se suman las transferencias corrientes para cubrir el déficit de las EDES (un 1.3% del PIB cada año), se estará viendo partidas de relevancia creciendo cada vez menos para compensar el aumento de las tres partidas antes mencionadas. La partida predilecta para hacer este ajuste es precisamente la inversión pública, dadas las rigideces y el aumento permanente del costo de nómina, y la facilidad con que esta puede ser ajustada. Otra opción, que se menciona de manera sutil en el proyecto de ley, es la aprobación de una reforma tributaria amplia que permita al Ministro de Hacienda aumentar la regla de gasto ante mayor holgura por el lado de los ingresos.
- Reglamenta la aprobación de gasto tributario. Algo bastante positivo es que el proyecto de ley de regla fiscal establece los criterios para aprobarse nuevo gasto tributario, y determina el plazo máximo de vigencia de incentivos tributarios hasta los quince años.
En conclusión, es importante tener una regla fiscal. Sin embargo, si esta regla no es consistente con el nivel de ingresos y gastos actuales del Gobierno, se terminaría incumpliéndola de manera explícita o a través de aquellas unidades de Gobierno que no entran en la regla fiscal. De cualquier modo, no se tendría disciplina fiscal verdadera.
Publicado en ACENTO
by Lic. Richard Medina | Abr 12, 2023 | ENFOQUE
De acuerdo al estudio de Jiang y sus coautores, es difícil estimar cuántos bancos más pueden estar en riesgo de colapsar.
A inicios de marzo de 2023, el Silicon Valley Bank (SVB) fue intervenido por las autoridades de Estados Unidos debido a una corrida bancaria. Es decir, el banco fue cerrado porque muchos ahorrantes comenzaron a retirar sus depósitos en un muy corto período, sin que el banco tuviera los activos líquidos para hacer frente a estas solicitudes de pago.
En el caso de SVB, para hacer frente a las demandas de retiros por US$42,000 millones que recibieron (en un solo día), primero pudieron utilizar sus activos en efectivo y equivalentes para pagar (US$13,803 millones). Como esto no era suficiente, comenzaron a vender parte de sus bonos. Esos bonos, que en libro tenían un valor, los vendieron a un precio menor, y les generó pérdidas por US$1,800 millones. Viendo que, de seguir vendiendo más bonos, iban a generarse más pérdidas, la gerencia del SVB decidió hacer una emisión de acciones para capitalizarse y obtener fondos frescos para hacer frente a los retiros de fondos. No obstante, este intento fracasó, lo que generó más temor entre las empresas con fondos depositados en el SVB y más solicitudes de retiro.
El problema que experimentó SVB cuando trató de vender sus bonos y obtuvo un valor inferior al que estos tenían cuando los compraron, se explica por las alzas de las tasas de interés que ha realizado la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos. Si las tasas de interés suben, el precio de los bonos existentes baja. El precio baja más fuertemente mientras más largo es el plazo de vencimiento del bono.
En este ambiente, y considerando que la Reserva Federal volvió a subir su tasa de política monetaria (tasa de fondos federales) en su reunión de marzo de 2023, surge la pregunta de ¿qué otros bancos americanos pueden tener problemas de liquidez?
Para responder a esa interrogante, Erica Jiang, Gregor Matvos, Tomasz Piskorski, y Amit Seru publicaron un artículo titulado “Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?” en marzo de 2023. Primero, los autores evaluaron el valor de mercado de los activos (préstamos hipotecarios y bonos de distintos tipos) de unos 4,844 bancos de Estados Unidos. En base a esto, calcularon la pérdida que le ha supuesto a esos bancos los efectos de aumentos de tasa de interés y la caída del valor de las viviendas. Las estimaciones son interesantes. Los 4,844 bancos americanos tenían pérdidas no realizadas por US$2.2 trillones (millones de millones de dólares), un promedio de US$28.6 millones por banco.
Sin embargo, había mucha variabilidad dependiendo del tamaño del banco. Para aquellas entidades con activos menores a US$1,384 millones (unos 4,072 bancos pequeños), la pérdida promedio estimada fue de US$22.3 millones, equivalente al 9.1% de sus activos. Para los bancos con activos mayores a US$1,384 millones (bancos grandes) y que no son sistemáticamente importantes, las pérdidas promedio eran US$308 millones, igual a 10% de sus activos. Para los activos grandes y que eran sistemáticamente importantes (unas 29 entidades de intermediación financiera), las pérdidas promedio se estimaron en US$837 millones, equivalentes a 4.6% del total de activos.
Altas pérdidas no realizadas no necesariamente implican un problema para un banco. Solo lo sería si el banco debe vender los bonos a valor de mercado (por debajo del valor de compra) antes de su vencimiento o si debe vender su cartera hipotecaria a un precio inferior al registrado en libro. Esto sucedería solo si se produjera una corrida bancaria.
Una forma de medir el riesgo de una corrida bancaria es describir la proporción de depósitos sin garantizar en relación a los activos de un banco a valor de mercado. Al tener alta probabilidad de perder todo o una gran parte de sus ahorros, los dueños de depósitos no asegurados son los que retiran sus fondos de los bancos cuando ven alguna señal de insolvencia. El banco que corresponde a la mitad de la distribución presentaba una proporción de 24% de sus depósitos no asegurados en relación a sus activos a valor de mercado. El SVB presentaba 92% en este indicador, dentro de los 30 más elevados de todo Estados Unidos. Este fenómeno explica por qué SVB tuvo una corrida bancaria y por qué quebró: sus ahorrantes amplificaron los retiros por temor a perder sus fondos debido a que estos no estaban asegurados.
De acuerdo al estudio de Jiang y sus coautores, es difícil estimar cuántos bancos más pueden estar en riesgo de colapsar. SVB era de los que mayor proporción de depósitos no garantizados tenía, aunque no era el de mayores pérdidas no realizadas. Por el momento, y luego de la quiebra del Signature Bank, no ha habido otros bancos americanos que tuvieron ser intervenidos por las autoridades.
Parece ser que las medidas extraordinarias tomadas por las Reserva Federal (como la creación del Bank Term Funding Program que permite que un banco en necesidad de liquidez (dinero), tome dinero prestado a la Reserva Federal, poniendo como garantía o colateral los bonos en que tiene inversiones a precio de 100% y no a precio de mercado como era la regla) y disponga de ese préstamo por un año) lograron calmar a los depositantes y frenaron el efecto contagio de corridas bancarias observado en marzo.
Publicado en ACENTO
