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Nuevos espacios de tensión geopolítica

Con el cambio de política exterior que parece estar dando Estados Unidos, siendo más adverso a los conflictos bélicos, surgen diferentes espacios donde las tensiones geopolíticas probablemente se estarán manifestando entre los norteamericanos y los chinos. Uno de ellos es el uso del espacio exterior, especialmente la órbita terrestre baja (LEO en inglés). La LEO es la zona que se encuentra entre 160 y 2,000 kilómetros de distancia de la Tierra. Mediante satélites colocados en la LEO, se puede tener acceso a internet de baja latencia sin necesidad de usar cables submarinos, alertas tempranas de ataques con misiles, y realizar vuelos de reconocimiento de objetivos civiles y militares. En este sentido, empresas privadas de Estados Unidos y China, con apoyo gubernamental, son las que están desarrollando tecnología para el lanzamiento y operación de satélites en la LEO.

La carrera la domina Estados Unidos, pues sus empresas han logrado reducir drásticamente el costo de lanzamiento y reutilización de cohetes. Starlink, una empresa de SpaceX de Elon Musk, es la empresa líder a nivel mundial en provisión de internet de alta velocidad desde el espacio a través de más de 7,000 satélites pequeños en la LEO. StarShield, también de SpaceX, es la empresa que da servicio de internet y comunicaciones a instituciones militares y el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Los chinos, por su parte, han estado invirtiendo de manera masiva en los satélites de LEO desde 2021 y tienen planeado colocar 38,000 satélites en la próxima década, iniciando con unos cientos en 2025.

Otro escenario de competencia entre Estados Unidos y China es la producción de microchips. Este producto es crucial para la fabricación de cualquier aparato tecnológico moderno, incluyendo computadores, vehículos, aeronaves, armas y cohetes. Tener acceso a los microchips de última generación es una condición necesaria para competir por el dominio tecnológico a nivel mundial. Estados Unidos logró evitar que los chinos tengan acceso a los microchips más avanzados y que puedan adquirir las máquinas de litografía de luz ultravioleta extrema que los fabrican. Esto ha hecho que China tenga que dedicar cuantiosos recursos en tratar de construir sus propias máquinas y que quede temporalmente rezagada en la carrera tecnológica.

Un tercer elemento de lucha geopolítica es el aprovechamiento del Ártico. La zona ártica está compuesta por un mar, mayoritariamente congelado, y masas de tierras de ocho países (EEUU, Canadá, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia). Su importancia radica en que contiene amplios recursos naturales, especialmente gas, petróleo, agua dulce, pesca y minerales. A medida que avanza el deshielo de porciones de tierra del Ártico, es posible que sea comercialmente viable la explotación de minerales como oro, fosfatos y metales de tierras raras. Además, el descongelamiento de la zona facilita el transporte marítimo y la comunicación por rutas actualmente imposibles, conectando América con Europa y Asia de manera más rápida.

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China no tiene acceso a la zona, pero se define como un “Estado cerca del Ártico”; su mayor vinculación la tiene mediante colaboración con Rusia, que tiene más de la mitad del territorio ártico. China tiene lo que Rusia le falta: dinero para invertir y aprovechar los recursos de la región. A pesar de que los otros siete países con territorio en el Ártico son aliados de Estados Unidos y están en la OTAN, para los norteamericanos sería altamente importante impedir el avance chino vía Rusia en la zona.

Como se aprecia, hay diferentes áreas de competencia entre Estados Unidos y China en su búsqueda de la hegemonía global, incluyendo la computación cuántica, la seguridad de agua dulce y la construcción de reactores nucleares a pequeña escala. Ojalá que esta competencia genere avances tecnológicos que reduzcan el impacto del ser humano en el medioambiente y ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.  

Estados Unidos, la política industrial y RD

Estados Unidos, la política industrial y RD

Después de la pandemia de COVID-19, los países occidentales han desarrollado cierto recelo a depender de China en la fabricación de bienes intermedios o finales. Esto se reforzó luego de los cierres de los principales puertos chinos en 2021, para evitar un nuevo brote del virus, que creó disrupciones en el comercio mundial, tanto por la producción de bienes como por el transporte marítimo.

Un elemento adicional hace que los países occidentales (Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea principalmente) se dediquen a asegurar la producción de bienes como un objetivo estratégico para la seguridad nacional: las múltiples tensiones geopolíticas vinculadas con la invasión rusa en Ucrania, con la búsqueda de hegemonía china y con el conflicto por aproximación entre Israel e Irán.

 Dada esta realidad, los países occidentales se han volcado a intentar nuevas maneras de la llamada política industrial. La OCDE define “política industrial” como la asistencia gubernamental a empresas para promover o redefinir una actividad económica específica teniendo un objetivo determinado. Tradicionalmente, la política industrial se utilizó para promover la industrialización acelerada de un país, y esto se apreciaba cuando las exportaciones de bienes de ese país aumentaban en proporción a las exportaciones totales del mundo y/o cuando dicho país comenzaba a exportar bienes cada vez más sofisticados.

 Los ejemplos modernos más exitosos se pueden ver en Asia con China, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. Más recientemente, Vietnam ha logrado insertarse en las cadenas globales de valor. En la era de la revolución industrial, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania implementaron diversas formas de política industrial que les permitió tener hegemonía tecnológica temporal y estar entre los países más competitivos en la manufactura de bienes.

 En esta nueva ronda de política industrial, sin embargo, los objetivos son distintos. Más allá de aumentar la productividad de trabajadores o del capital, la nueva política industrial se basa en lograr sostenibilidad ambiental, resiliencia e independencia estratégica. Esto es, no es solo que las empresas produzcan más bienes más rápidamente, sino que esa producción asegure un uso sostenible de los recursos, que esto se pueda mantener en el tiempo y que evite la dependencia de países que no son cercanos a Occidente.

En este último objetivo, Estados Unidos ha ido a la vanguardia. En 2018, la administración de Donald Trump impuso aranceles al 60% de las importaciones de ese país desde China. Los aranceles provocaron una reducción de las importaciones americanas desde China y un aumento de las provenientes de otros países como Vietnam, Taiwán, Canadá, México, Corea del Sur e India.

Asimismo, con la implementación de la ley IRA, el Gobierno americano logró atraer importantes inversiones para reducir la dependencia de petróleo de diversas actividades productivas como la fabricación de vehículos eléctricos, construcción de parques de energías renovables y adaptación de la agricultura al cambio climático.

 Por su lado, la ley CHIPS proveyó financiamiento para la investigación, diseño y producción de microchips en suelo americano. El objetivo era atraer inversiones hacia Estados Unidos y frenar el avance de China en esta materia, así como tener un insumo crítico para la computación cuántica, desarrollos en la nube y manejo de grandes datos.

Dado este contexto, y la expectativa de que la guerra comercial con China se endurezca cuando Donald Trump asuma su segundo mandato, República Dominicana puede intentar atraer más inversión industrial. No obstante, a pesar de su cercanía geográfica y tratado de libre comercio con EEUU, habría que implementar políticas que hagan más atractivo al país.

En primer lugar, es importante definir qué tipo de industrias se desea atraer. Lo más sencillo es buscar atraer inversión industrial vinculada a bienes que actualmente exportamos. Segundo, aunque una reforma educativa toma al menos una década, el Gobierno puede formar técnicos con microcertificaciones en áreas de tecnología, ciencias e innovación que serán críticas en las industrias que se desean atraer. Tercero, es importante reducir los costos de transporte terrestre. Aumentar la competencia en el mercado interno de transporte de carga, que es uno de los más caros de Centroamérica, es un paso necesario para mejorar la competitividad nacional. Y cuarto, el país debe abocarse a realizar inversiones en áreas estratégicas como generación eléctrica, agua potable y saneamiento, riego, y actualización de maquinaria industrial que lo hagan más competitivo con sus pares regionales.

 Publicado en el LISTIN DIARIO

Lic. Richard Medina

Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.

Las cadenas globales de valor

Las cadenas globales de valor

Un reto importante que tiene República Dominicana (RD) es fortalecer su inserción en las cadenas globales de valor (CGV). Las CGV se refieren al conjunto de actividades que las empresas realizan para fabricar un bien, desde su concepción hasta su venta. Es decir, que incluye todo lo que se hace desde el diseño de ese bien, su producción, mercadeo, promoción, distribución y apoyo al cliente que lo adquiere.

En cada una de estas etapas, quienes trabajan en el producto generan valor (de ahí su nombre) y pueden estar ubicados en empresas y países distintos. La localización en países distintos se explica, principalmente, por la reducción de costos: a modo de ejemplo, si una parte de la producción de celulares, como el ensamblado del producto, es intenso en mano de obra, el mismo se puede migrar a un país donde la mano de obra sea relativamente más barata.

Diversos estudios documentan la importancia de las CGV para los países en desarrollo: aumento y sofisticación de sus exportaciones, adquisición de tecnología, generación de empleo de calidad y participación femenina, logro de economías de escala, aumento del poder adquisitivo de la población, y reducción de la pobreza. El Banco Mundial estima que un 1% del crecimiento de las exportaciones dentro de las CGV aumenta el producto per cápita en más de 1%, más de cinco veces el incremento observado con el comercio tradicional. En síntesis, las CGV pueden ser vehículos para lograr el desarrollo.

República Dominicana tiene poca integración en las CGV en comparación con sus pares regionales y globales. La integración que presenta es mayoritariamente hacia atrás: importa bienes intermedios que utiliza como insumos para exportar bienes terminados. El modelo de Zonas Francas mayoritariamente explica este patrón y ha permitido que se pase de exportar textiles a productos más sofisticados (y valiosos) como dispositivos médicos, bienes eléctricos, medicamentos y artículos plásticos.

No obstante, se tiene espacio para lograr la integración hacia adelante: bienes intermedios producidos o que se les agrega valor en República Dominicana y que son utilizados por empresas de otros países para fabricar bienes finales y reexportarlos. En este caso, por la buena experiencia en la producción de dispositivos médicos y electrónicos, RD puede hacer el esfuerzo de integrarse en las CGV exportando maquinaria sencilla, insumos para fabricar productos químicos y medicamentos (reactivos químicos), e insumos para producir aparatos de alta tecnología (instrumentos de medición y sensores, componentes eléctricos).

El Índice de Complejidad Económica del Observatorio de Complejidad Económica predice que los países que producen dispositivos médicos e instrumentos electrónicos, desarrollan las capacidades para luego fabricar bienes más sofisticados como equipos de navegación, sensores, aparatos eléctricos más complejos y partes de aparatos de comunicación.

En ese sentido, se puede pensar en políticas que fomenten la producción y faciliten la exportación de esos bienes intermedios hacia países en desarrollo que son tecnológicamente más avanzados. México puede ser una buena primera opción, considerando su integración y cercanía con Estados Unidos y su pujante industria de producción de vehículos y bienes electrónicos.

Sin embargo, hay obstáculos que se deben sobrepasar. De acuerdo a varias encuestas empresariales, la principal barrera es la calificación de la mano de obra dominicana. Para mitigar esta dificultad, se puede establecer un programa presidencial para becar jóvenes dominicanos en cursos técnicos y microcertificaciones en programación y automatización en la producción industrial y provisión de servicios. En el largo plazo, República Dominicana debe implementar una reforma educativa que mejore los niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, en especial en lectura comprensiva y matemáticas en los primeros cursos de educación básica.

Dada la gran dependencia del país de las exportaciones de bienes primarios (oro, productos agropecuarios), la integración del mismo en las CGV ayudaría a aumentar el valor agregado de sus exportaciones, produciría mejores salarios, y fomentaría el derramamiento de conocimiento hacia otras empresas locales que a su vez puedan seguir exportando y generando empleo. Un círculo virtuoso para el cual se debe trabajar.

Lic. Richard Medina

Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.

Retos de República Dominicana: Adaptación al cambio climático

Retos de República Dominicana: Adaptación al cambio climático

Hace unos días, un grupo de amigos de infancia nos reunimos. Entre las múltiples anécdotas recordadas y temas conversados, estuvo qué retos habría que superar para lograr el desarrollo económico y social de República Dominicana en 30 años. Luego de la despedida del encuentro, me quedé pensando más profundamente en esa cuestión.

Entre los grandes retos del país que analicé se pueden mencionar los siguientes: la adaptación del cambio climático, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, la capacidad del país para insertarse en las cadenas globales de valor, el control de la frontera y la migración haitiana ilegal, y la realización de otras reformas estructurales pendientes. Es por ello que quisiera dedicar una serie de artículos para explorar cada uno de estos retos, iniciando por las preocupaciones sobre el clima.De acuerdo a datos del Banco Mundial, la temperatura máxima promedio del aire del país ha aumentado en 0.94 grados Celsius desde la década de los 1960s. Sin embargo, según las estimaciones del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe descritas en la Revisión 2020 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), se proyectan aumentos de las temperaturas máximas de 2 a 3 grados Celsius a 2050 (30 años) y de 3 a 5 grados Celsius a 2070 (50 años). Este incremento de temperaturas sería más notable en las áreas más densamente pobladas del país, especialmente el Gran Santo Domingo.

Asimismo, hay que considerar que, por estar en una isla caribeña, República Dominicana es particularmente vulnerable a fenómenos climáticos, que se espera sean más intensos y frecuentes en los próximos años. Como referencia, recordemos las lluvias de noviembre de 2022 y 2023. Se estima que un 30% de la población dominicana es muy vulnerable a eventos climáticos extremos.

Dado este panorama, para la adaptación al cambio climático, se debe fortalecer la capacidad física en dos frentes: fomentar la resiliencia de las ciudades y aumentar la seguridad hídrica. A nivel de infraestructura hay grandes demandas sociales insatisfechas en el sector de agua potable y saneamiento (APS), como drenaje sanitario y pluvial, presas y acueductos.

No obstante, este monto probablemente será mayor debido a que las obras proyectadas para 2021-2024 se han ejecutado en menos de un 25%.

Por otro lado, se deben fortalecer las alianzas del Gobierno con agentes privados, asociaciones sin fines de lucro y organismos multilaterales para aumentar los recursos y proyectos encaminados a la reforestación y saneamiento de ecosistemas vulnerables, en especial los que impactan los afluentes de los grandes ríos dominicanos.

Fuente LISTIN DIARIO
Descargo. Las posiciones de Richard Medina no son las de ninguna de las instituciones a las que pertenece el autor.

Lic. Richard Medina

Economista | Docente | Consultor en finanzas públicas |
Consultor en políticas públicas | Socio-Director de WGC.